Prof. Dr. Bonifacio Ríos Avalos

Obras sobre “El daño moral” y “Derecho bancario”

2011-12-27T07:37:00.000-08:00

Las obras Derecho bancario (dos tomos), 6ª edición, de los autores, José Raúl Torres Kirmser, Bonifacio Ríos Ávalos y Aldo Rodríguez González, fueron presentadas la semana pasada en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA.

El primer libro mencionado fue en homenaje al Dr. Carlos Fernández Gadea, ex ministro de la Corte y ex decano de

Derecho, quien falleció el año pasado.

El Dr. Ríos Ávalos dedicó su obra al ex decano de Derecho, profesor Ramón Silva Alonso.

Derecho bancario, según los autores, se ocupa de las funciones de los bancos y las entidades financieras, del mercado de capital y del mercado financiero. De los antecedentes de los bancos y su evolución en Inglaterra, sistema norteamericano, la banca Suiza, Alemania y Japón. Las funciones de los bancos centrales.

El sistema financiero mundial en la actualidad. Globalización, regionalización y la banca moderna. La banca pública y privada, bancos comerciales, banco de inversión. Otras instituciones financieras. Organismos internacionales. Fondo Monetario Internacional. Banco Mundial. Banco Interamericano de Desarrollo. La banca y los procesos de integración.

Historia de la banca en el Paraguay, régimen jurídico y pautas de interpretación. La banca central, objetivos y funciones. Relaciones con los poderes del Estado. Dirección y administración del Banco Central. Directorio, atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades. Superintendencia de bancos. Régimen contable del BCP. Régimen normativo de los bancos y las otras instituciones financieras. Operaciones permitidas, operaciones prohibidas, el secreto bancario. Régimen de protección del depósito. Régimen de regularización de entidades bancarias, de resolución, quiebras. Régimen de faltas y sanciones.

Contratos y operaciones bancarias. Contrato de cuenta corriente, naturaleza jurídica, persona jurídica, física, menores, clases de cuentas, obligaciones de las partes, cierre, cierre forzoso. inhabilitación, insolvencia, fallecimiento. Depósito bancario, naturaleza jurídica, clases de depósitos. El Crédito bancario, el mutuo bancario, acciones que nacen del contrato. Apertura del Crédito bancario, el anticipo bancario, el descuento bancario, el giro y la transferencia bancaria, la emisión de cédulas y bonos. El crédito documentario y letras a primer requerimiento. Compraventa internacional sobre documentos. El leasing. El contrato factoring. El Contrato de Underwriting. El Fideicomiso bancario. Contrato de custodia en cajas fuertes. La carta de crédito. La tarjeta de crédito y el Derecho del consumidor en los contratos bancarios.

El segundo tomo se ocupa de la legislación positiva, que regula la actividad bancaria y financiera, nacional e internacional, con un acopio de la totalidad de las legislaciones en esta materia, como La Ley de Bancos y otras entidades financieras, la Ley de Leasing, de fideicomiso, la Carta Orgánica del BCP, las reglas de usos internacionales y las resoluciones del Banco Central del Paraguay.

La otra obra presentada es “El daño moral”, doctrina y jurisprudencia, de Ríos Ávalos.

Esta obra fue publicada en memoria del Prof. Dr. José Ramón Silva Alonso, fallecido en el año 2009.

La obra contiene: El daño y la responsabilidad civil. Responsabilidad civil por hecho propio. Actos ilícitos. Sanciones a la ilicitud. Ilicitud en el Código Civil Paraguayo. Factores de atribución de la responsabilidad civil. Solidaridad en la responsabilidad por actos ilícitos. Causa de exoneración de la responsabilidad civil. Responsabilidad civil por los dependientes. Responsabilidad civil de los padres, tutores, curadores. Responsabilidad civil de los directores de colegios y artesanos. Responsabilidad civil de los funcionarios en general. Responsabilidad por riesgo creado. Responsabilidad por daños causados por cosas inanimadas. Responsabilidad civil por cosas arrojadas de las casas, la de los animales y la de los animales feroces.

Concepción y diferencia entre la moral y el derecho. Antecedentes del daño moral. Autores que niegan la indemnización por daño moral en el derecho francés. En el derecho germano. Evolución posterior en los tribunales franceses y su expansión continental. Solución en el Código Civil Paraguayo. El daño moral consideraciones generales. Bien jurídico protegido. Daño moral directo y daño moral indirecto. Daño moral con consecuencia patrimonial. Daños puramente morales. Daño al derecho al disfrute o placer. Perjuicio juvenil. Daño estético. Pretium doloris. Personas que pueden pedir daño moral. Daño patrimonial y extrapatrimonial. El daño moral y el daño psíquico en el ordenamiento jurídico paraguayo. El daño en el derecho de familia. Como anexos los fallos jurisprudenciales nacionales y los fallos jurisprudenciales extranjeros.

Las dos obras ya están en circulación.

Fuente: ABC Color

2011-08-19T07:57:00.001-07:00

Bonifacio R. Avalos analiza proyecto de cese automático de ministros de la corte | Radio Ñanduti

Ríos Avalos denunció injerencia y abusos de políticos en la justicia

2011-08-08T08:36:00.000-07:00

En una audiencia privada en el hotel Guaraní, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Dinah Shelton, y el vicepresidente 1º, José de Jesús Orozco, escucharon a Ríos Avalos los últimos informes sobre la demanda que promovió contra el Estado paraguayo, por su presunta destitución irregular como ministro de la Corte.

El ex magistrado dijo que puso al tanto a los representantes de la Comisión de la injerencia negativa y los abusos con total impunidad que cometen políticos en la justicia de nuestro país.

Ríos Avalos ejemplificó su caso en el que los camaristas Meneleo Insfrán, Juan Francisco Recalde y Florencio Pedro Almada, quienes integraron la Sala Constitucional de la Corte, fueron destituidos por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por haberse animado a reponerle en el cargo de ministro, al igual que al fallecido Carlos Fernández Gadea.

“Esta es una demostración de escarmiento de los políticos para aquellos que osan levantar la mirada contra ellos”, manifestó Ríos Avalos.

Agregó: “Ya lo dije en el 2003 (cuando fue destituido), cada político quiere tener a su propio magistrado en el bolsillo y eso se sigue cumpliendo. Una muestra del abuso de los parlamentarios es la designación de jueces sin siquiera haber terna”.

De la reunión con los miembros de la Comisión también participó Carlos Aníbal Fernández Villalba, en representación de su padre, Fernández Gadea.

La relatora de la Comisión Interamericana, Claudia Pulido, asimismo, participó de la reunión con los demandantes.

Antecedentes

Ríos Avalos, al igual que Fernández Gadea, se desempeñó como ministro del alto tribunal hasta diciembre de 2003, y tras ser destituido en un juicio político en el Senado, demandó al Estado paraguayo y solicitó la reposición en el cargo, el pago de los haberes caídos, indemnización por los daños a su honor y reputación, así como los gastos derivados del juicio político.

La Comisión de Derechos Humanos de la Corte Interamericana admitió la demanda el 20 de abril de 2009, e instó a las partes para llegar a un acuerdo amistoso.

Entonces, la Comisión emplazó al Gobierno por 2 meses, a partir de aquella fecha, para realizar las observaciones sobre el fondo del planteamiento. Las negociaciones no avanzan.

Fuente: ABC Color. 6 de Agosto de 2011 00:00

Catedráticos insisten en preservar el derecho a la información veraz

2011-07-18T08:42:00.000-07:00

Los abogados que asisten al curso de maestría en Derecho Civil y Comercial de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) participaron ayer de una charla sobre el derecho a la información, a cargo de los doctores Juan Bautista Rivarola Paoli y Bonifacio Ríos y el periodista e historiador Luis Verón.

El evento tuvo lugar en la sede de la facultad, sobre las calles Yegros y Mariscal Estigarribia.Durante la charla, Verón expuso los antecedentes del caso en el que fue condenado por los delitos de difamación y calumnia, tras una serie de notas en las que reveló el daño ocasionado por el Arq. Luis Pereira Javaloyes al retablo de la iglesia de Piribebuy, una reliquia franciscana de 1759.A su turno, el Dr. Rivarola Paoli, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNA, se refirió al derecho a la información veraz como fundamental, consagrado tanto en la Constitución Nacional como en los instrumentos internacionales, entre ellos el Pacto de San José de Costa Rica.También insistió en el derecho de los comunicadores a reservarse la fuente y la necesidad de comprobación del daño y la culpa en los procesos por difamación, calumnia e injuria.

Más info: http://www.abc.com.py/nota/catedraticos-insisten-en-preservar-el-derecho-a-la-informacion-veraz/

OPINIÓN DE REFERENTES DEL ÁMBITO ACADÉMICO ANTE PROYECTO DE LEY

2011-02-03T12:54:00.000-08:00

Acreditación puede ser la garantía ante proliferación de universidades.

Referentes del ámbito académico universitario coinciden en que la acreditación es el sello de calidad que permite distinguir a las universidades confiables, en el desorden que impera en materia de formación superior. Pese a ello, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados pretende reducir los requisitos para acreditar las carreras.

Fuente ABC. Color. Para acceder a la nota completa, hacer click aqui

Obras Publicadas

2009-11-04T03:31:00.000-08:00

El pasado martes 6 de octubre del año en curso, a las 19:30 horas, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA, Local Histórico, sito en las calles Yegros Nº 269 c/Mcal. Estigarribia, se llevó a cabo la presentación del libro INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LOS HECHOS Y ACTOS JURIDICOS, (9na. Edición. Ampliada y Actualizada), del Prof. Dr. BONIFACIO RIOS AVALOS.

La presentación de la obra jurídica estuvo a cargo del Rector de la Universidad Nacional de Asunción, Prof. Ing. Agr. PEDRO GONZALEZ y del Prof. Dr. RAMON SILVA ALONSO, Presidente de la Academia Paraguaya de Derecho y Ciencias Sociales (+).-

Contenido de la obra: La novena edición de la citada obra constituye una actualización en las materias jurídicas que aborda, estudiando las disposiciones legales en vigencia en la actualidad en el país y en la comunidad jurídica internacional.

El análisis que realiza se concentra en las nuevas tecnologías aparecidas en el mundo, en los últimos tiempos, como la fecundación in vitro, la clonación, la aparición del genoma humano, como hechos aún en permanente discusión sobre su naturaleza jurídica en la actualidad.

En materia de manifestación de la voluntad del ser humano de nuestro tiempo, con mucha precisión se describe el sistema tradicional, de plasmar la misma en el soporte de papel y así mismo estudia la manifestación de la voluntad por medio de los medios informáticos, estudiando así el internet (red de computadoras), los negocios jurídicos desarrollados en la actualidad por medio del nuevo sistema de contratación nacional e internacional, ocupándose de uno de los grandes temas del momento, la firma digital como herramienta de seguridad en los negocios de internet, el valor jurídico de la forma digital como medio de prueba suficiente para demostrar la existencia de un contrato o de un negocio jurídico. Analiza el sistema en vigencia en la Unión Europea, también, el sistema recomendado por la UNCITRAL, de algunas legislaciones en el Derecho Comparado y finalmente el proyecto existente en el Parlamento Nacional.

Entre otras cosas, se analizan los nuevos factores de atribución de la responsabilidad civil en el Derecho, su aplicación actual en el derecho comparado y en la República del Paraguay, así mismo, la responsabilidad civil del estado, donde el autor no escatima esfuerzo para realizar una crítica ponderada del sistema vigente en nuestro país.

Además, se estudian los vicios en los actos jurídicos, las nulidades, y la teoría de la conversión del negocio jurídico.

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"Derecho Mercantil Parte General", preparada bajo la coordinación de los profesores doctores Bonifacio Ríos Avalos y Fernando Beconi, que reúne los trabajos de los profesores: Juan Bautista Rivarola Paoli, Bonifacio Ríos Avalos, José Fuster, Alberto Martínez Simón, Agustín Cáceres Volpe, Juan Carlos Paredes, Fabrice Turbaux, Leopoldo López Cañiza, Carmelo Castiglioni, José Raúl Torres Kirmser, Fabrizio Castoglioni, Fernando Andrés beconi, Aldo Eduardo León, Enrique Zacarías Michelagnoli, Aldo Javier Rodríguez, Raúl Gómez Frutos y Fernando Gadea.

El trabajo consiste en el tratamiento de los temas tradicionales y actuales del Derecho Comercial, acompañando la evolución de los institutos jurídicos nacidos en el Siglo XIX y desarrollados hasta nuestros días. Se estudia con mucha profundidad la unificación del Derecho Civil y Comercial en una Legislación única como la nuestra; así mismo, se estudian todos los actos de comercio, el valor de la costumbre en el Derecho Comercial, las distintas sociedades comerciales existentes en nuestro Derecho Positivo, su funcionamiento, e intervención de las mismas. También, no se deja de estudiar los almacenes generales, depósitos, la bolsa de comercio, los corredores, y algunos contratos típicamente comercial pero muy moderno como el leasing, entre otros temas desarrollados en el libro.

“FUNDAMENTOS NORMATIVOS QUE SUSTENTAN LA REFORMA DE LA EDUCACION SUPERIOR PARAGUAYA”

2009-11-03T04:03:00.000-08:00

Ponencia presentada en el 7mo Congreso de Universidades Públicas del Paraguay

“REFORMA Y PROSPECTIVA DE LA EDUCACION SUPERIOR”

Desde las perspectivas de las Universidades Públicas del Paraguay

I. INTRODUCCIÓN

Cabe mencionar en primer término que la necesidad de crear Universidad aparecien la República ya durante el Gobierno de Don Carlos Antonio López, tal es así que el propio Presidente ha dictado un Decreto estableciendo el estudio del Derecho, conforme a un mini programa y bibliografía básica desarrollada en el mismo decreto del 1850, así mismo, se han ordenado las notificaciones a las distintas partidas o lo que hoy configuraría cabeceras departamentales (el documento cuya copia fue extraída del archivo nacional, mediante un tesonero trabajo del Prof. Dr. JUAN BAUTISTA RIVAROLA PAOLI).

Esta gran visión de Don Carlos Antonio López, fue truncada por la e la Triple Alianza, para renacer el año 1889, desde ese período y en el año 1893 donde egresaron los Señores Cecilio Báez, Gaspar Villamayor, Emeterio González y Benigno Riquelme, como los primeros dignos representantes de la Educación Superior de la República del Paraguay y flamantes profesionales, producto de una Universidad genuinamente paraguaya.-

Luego de setenta y un años, nació otra Universidad, en el Paraguay, de carácter privado, la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, que a partir de 1960, viene cumpliendo denodadamente su afán de transmitir conocimientos científicos en forma sistemática, como constituye la misión de la Universidad.-

A partir de la década del 70, en el Paraguay, fue proliferando la creación de institutos y más tarde las Universidades, coincidente también con el crecimiento notable de la población, específicamente la franja de la juventud es la que con mayor urgencia requiere de una formación superior a fin de convertirse en profesionales y en ciudadanos útiles a su familia y a la patria.-

Estas circunstancias, constituyen la motivación fáctica para la elaboración de un proyecto de Ley de Educación Superior, que con gran urgencia requiere la República del Paraguay, a fin de garantizar a sus habitantes una formación seria, que permita a sus educandos obtener la idoneidad necesaria para el ejercicio de una profesión dentro de la ciudadanía, con responsabilidad profesional y ética, donde constituya una verdadera garantía para la ciudadanía y para el país, fundada en la sólida formación que le otorgan las Universidades.-

II. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES

La Constitución de la República, del año 1992, se ocupó de regular expresamente en su normativa en el Artículo 79 “DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS SUPERIORES”. En la referida disposición legal se ocupa de la finalidad de las Universidades y de los institutos superiores, también se ocupa de la autonomía universitaria y la facultad de que tanto públicas como privadas serán creadas por ley.-

Los términos de la referida disposición legal es cuanto sigue: “La finalidad principal de las Universidades y de los Institutos Superiores será la formación profesional superior, la investigación científica y la tecnológica, así como la extensión universitaria.

Las Universidades son autónomas. Establecerán sus estatutos y formas de gobierno y elaborarán sus planes de estudio de acuerdo con la política educativa y los planes de desarrollo nacional. Se garantiza la libertad de enseñanza y la de cátedra.

Las universidades, tanto públicas como privadas, serán creadas por Ley, la cual determinará las profesiones que necesiten títulos universitarios para su ejercicio”.

Como se podrá advertir, la Constitución establece una diferenciación entre las Universidades y los Institutos Superiores, pues, establece lacónicamente “las universidades son autónomas”, reconociendo de esa manera solo a las universidades la autonomía y no así a los otros institutos, pero al mismo tiempo otorga a las mismas y a los institutos superiores al finalidad de la formación de la Educación Superior, la investigación científica y tecnológica.-

Igualmente, la Constitución, muestra preocupación porque los planes de estudios para la formación sean conforme a la política educativa y a los planes de desarrollo nacional. Los constituyentes dijeron: - “La Educación no tiene una función meramente científica o de investigación, sí una función social de solidaridad con nuestro pueblo, porque no llegaríamos a ser lo que somos si no fuera por nuestro pueblo, y tenemos que retribuirle con nuestra consagración en pos de sus reivindicaciones justas. Es así como la Universidad va a cooperar con el proceso de desarrollo nacional. La Universidad tiene que estar en la vanguardia con sus luces pero también con su corazón, porque el hombre no es solo inteligencia, el hombre también es corazón.” DS Nº 17, pág. 16.

De esta manera se ha esbozado los grandes lineamientos de la Educación Superior, mediante una amalgama del reconocimiento expreso de la autonomía universitaria y la necesidad de conjugar con la política Educativa y los planes de desarrollo nacional, sin que esto haga mella en la libertad de enseñanza.-

Este gran desiderátum que arranca desde la edad media, hoy se pretende combinar con el desarrollo social y con la política educativa. Si bien, ambos términos son suficientemente indeterminados, por lo que podría prestarse a una aplicación sencillamente respondiendo a sectores políticos coyunturales, lo cual, sería absolutamente, contra el espíritu de la Constitución.-

Finalmente, la Constitución, dispone que las Universidades serán creadas por Ley, que como se podrá advertir no establece ningún establecimiento, dejando aparentemente todos los bagajes de responsabilidades a cargo de los parlamentarios, y aparentemente en contraposición se deposita en las manos de los mismos facultades discrecionales absolutas para la creación de sin números de universidades, independientemente de la necesidad o no del país, o de la existencia de una infraestructura física académica y docente necesaria para la creación de una institución más noble que apareció en la humanidad como lo es la Universidad.-

III. PROYECTO DE LEY DE EDUCACION SUPERIOR

Este conjunto de realidades expuestas, tanto fáctica como jurídica, exige la existencia de una Ley que regule la Educación Superior y en esa inteligencia el Ministerio de Educación y Cultura, en el año 2006, preparó un anteproyecto a fin de discutir con la Universidad Nacional de Asunción, los aspectos más trascendentales de la Educación Superior.-

De esa elaboración, se creo, un proyecto de instrumento jurídico donde trata del Sistema de Educación Superior, como parte del sistema nacional de Educación, regula las Universidades, los Institutos Superiores, los Institutos de Formación Docente, los Institutos Técnicos Superiores o Tecnológicos.-

De la misma manera, crea algunos órganos destinados a la realización del control y las evaluaciones de los componentes del sistema de Educación Superior, así se crea el Consejo Nacional de Educación Superior (CONAES), que entre sus fines principales es la de realizar el estudio y evaluación constantes de las instituciones dependientes del sistema de educación superior. Este órgano se integra por el titular o representante del MEC, un representante del Consejo Nacional de Educación, del Rector de la Universidad Nacional de Asunción, del Rector representante de las demás Universidades públicas, del gran canciller de la Universidad Católica, del Rector en representación de las Universidades privadas, un representante de los Institutos Superiores, y del Presidente del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías, entre otros.-

El mencionado proyecto, estable igualmente los requisitos para la creación de las Universidades y de los institutos superiores, donde se establece que CONAES, deberá igualmente remitir a la ANEAES (Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior), a los efectos de emitir un dictamen sobre el cumplimiento de los requisitos, a fin de que posteriormente el expediente sea remitido al parlamento nacional. De esta manera, se trata de ejercer un riguroso control para la creación de la Universidad, a fin de evitar la creación sin la debida infraestructura académica, física y docente.-

De la misma manera, también se ocupa de la intervención de las Universidades y de los institutos superiores, estableciéndose las causas de las intervenciones y el tiempo de la suspensión de las actividades, así mismo, en cuanto a la estructura de las unidades académicas, de los decanatos, del régimen académico, del régimen económico, y finalmente se regula en el último capítulo las disposiciones referidas a las funciones de la ANEAES, que principalmente se convierte en organismo técnico para dictaminar sobre proyectos académicos de habilitación de carreras e instituciones, sin apartarse de su misión en materia de evaluación y acreditación, que se realizará en forma permanente y sistemática de las instituciones integrantes del sistema de Educación Superior.-

IV. CONCLUSION

Si bien, la Constitución en apariencia, no establece ningún requisito para la creación de la Universidad, dejando solo en mano de los legisladores la creación de las mismas, sin embargo, al establecer el Art. 79 un requisito de la elaboración de los planes de estudios de acuerdo con la política educativa y los planes de desarrollo nacional, está claramente exigiendo la concreción de los mismos mediante un instrumento legal respectivo, como única manera de establecer reglas de carácter general en esta materia, en un estado de Derecho.-

En estas condiciones, la creación de una Ley de Educación Superior, es una necesidad jurídica, social y política, así mismo, la creación de los órganos técnicos, de control previo, y de control de funcionamiento en forma sistemática para que las Universidades sigan manteniendo la excelencia con que han iniciado al abrir sus puertas a la sociedad.-

“Abogados Generalistas & Abogados Especialistas en el Paraguay”

2009-11-03T02:33:00.000-08:00

Ponencia presentada en el

III CONGRESO NACIONAL DE PRÁCTICA PROFESIONAL-

Azul, República Argentina

Comisión 3: Abogados Generalistas vs. Especializados. Fortalezas y debilidades.

1. FORMACION JURIDICA DEL ABOGADO

Cabe destacar, en primer término, que en la República del Paraguay, la universidad más antigua es la Universidad Nacional de Asunción, del año 1889, esta Universidad optó por los programas de estudios en vigencia en varias universidades latinoamericanas y europeas de la fecha; donde la insistencia consistía en la formación humanista y positivista conforme a la tendencia desde los inicios del siglo XX.-

La siguiente Universidad, en el orden de antigüedad es la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, del año 1960. La nueva entidad de enseñanza ha tomado como modelo de los programas en vigencia en la propia Universidad Nacional de Asunción y otras universidades, pero con una acentuación en la formación humanista y teológica por tratarse de una Universidad dependiente de la iglesia católica.-

Las otras universidades creadas con posterioridad, si bien, son de creaciones recientes, aún siguen insistiendo en la formación integral del profesional del Derecho, tomándose los programas de estudios y distribuyéndose las materias de acuerdo a un orden secuencial según la organización de cada facultad.-

Esta circunstancia, pone de relieve que la formación profesional en el aprendizaje y la práctica del derecho conlleva el gran desiderátum de la formación integral de los profesionales del derecho, como un agente capaz de conocer los grandes problemas sociales y al mismo tiempo, constituirse en un agente capaz de plantear las soluciones, mediante organizaciones adecuadas, leyes idóneas, al mismo tiempo para constituirse en un agente con una visión exacta de los futuros problemas sociales y humanos que van acaeciendo naturalmente con el transcurso del tiempo.-

Conviene concluir que, hasta ahora, la mayoría de las Universidades en la República del Paraguay, aún apuesta a una formación integral del hombre de Derecho, hoy ya denominada formación generalista del derecho, ultra positivista, y de esa manera fundar el curriculum y la metodología en los principios, que como ciencia jurídica fundamenta la propia existencia del derecho en calidad de ciencia.

Sin destacar la necesidad contemporánea de la especialización que nuestra universidad y otras, reservan para los Cursos de Postgrado, cabe recordar que el propio Ortega y Gasset ya señalaba:- “La barbarie de los especialistas”, razón por la cual considera, nuestra institución que la especialización deberá llegar con posterioridad a la formación integral(formación de grado) y con algunas condiciones de carácter académico, así mismo, indudablemente, deberá ejecutarse en armonía con la necesidad del mercado laboral.-

2. ESQUEMA LEGISLATIVO

En este aspecto, cabe considerar, que si bien todas las ramas del Derecho responden a principios comunes, con las características particulares de cada materia a ser tratada legislativa y jurisdiccionalmente; nuestra legislación positiva se ocupa como en la mayoría de los países cuyas instituciones jurídicas son de origen latino, en áreas definidas como: área penal, laboral, contencioso administrativo, que incluye tributario, propiedad intelectual, niñez y adolescencia, y el área más extenso el civil y comercial (bancario, sociedades), derecho electoral. Es importante resaltar que la unificación en el Paraguay de las obligaciones civiles y comerciales ha dado nacimiento a un gran estatuto donde la mayor parte de las relaciones jurídicas caen dentro de sus previsiones; al mismo tiempo gozan de un fuero común y de un código procesal común, con ello se puede afirmar que, el 50% de los problemas jurídicos cuenta con una legislación material común y legislación procesal común.-

En materia laboral, cuenta con un código procesal laboral, con plazo abreviado, pero en caso de laguna deberá completarse con las disposiciones del Código Procesal Común.-

La niñez y la adolescencia, el fuero electoral y el fuero penal, cuentan con legislación procesal propia, es decir, cuentan con un procedimiento distinto al procedimiento ordinario.-

Este panorama legislativo y jurisdiccional demuestra la existencia de una gran dispersión normativa que en el ejercicio práctico del derecho impide al profesional del derecho un conocimiento total y acabado de una de estas materias reguladas por las distintas y no pocas ramas del Derecho existentes en la vida actual.-

Como se pude notar, la práctica de la abogacía, en nuestra vida contemporánea, requiere una dedicación casi exclusiva a algunas ramas del derecho, sin que esta circunstancia impida el conocimiento de las otras.-

Además, a esto se suma la exigencia del mercado laboral, donde hoy en día para un problema jurídico completo suele inclinarse por aquel profesional dedicado al ejercicio en el fuero respectivo donde se dirimirá la controversia.-

También, deberá sumarse a esta exigencia actual del mercado laboral, otra que por vía de hecho impone la necesidad de la dedicación exclusiva, en aquellos fueros, como el fuero penal, donde los juicios ocupan todo el tiempo profesional del Derecho, lo mismo ocurre con los procesos laborales, de la niñez y adolescencia, y electorales.-

Esta necesidad de dedicación exclusiva, impuesta por la complejidad de los problemas sociales actuales, y por la multiciplidad de los problemas jurídicos, no constituye una especialización, simplemente una exclusividad en la dedicación por imposición de la necesidad y la exigencia de los procesos actuales del Derecho.-

3. CONCLUSION

Tal como se presenta el problema actual, requiere de un tratamiento curricular y metodológico apropiado, para encontrar una solución apropiada a las cuestiones que se presentan en la realidad cotidiana de la vida y que nos lleva a un enfrentamiento casi grosero entre la idea de la formación de un Abogado Generalista y un Abogado Especialista.-

La Universidad deberá ofrecer, la información necesaria, completa, y actualizada a sus educandos de la legislación positiva y principios jurídicos tanto tradicionales como pétreos que ha construido la humanidad y los nuevos principios jurídicos elaborados por la sociedad actual de acuerdo a la evolución de la ciencia, la tecnología, valores y de los objetivos télesis del Derecho (llámese derecho informático, llámese firma electrónica, llámese derecho ambiental, llámese urbanístico, llámese Derechos Humanos de quinta generación, llámese nuevos factores de atribución de la responsabilidad, llámese Derecho del Consumidor, o cualquier otro acto humano que merezca una protección jurídica).-

Este conjunto de información principista y positivista es la función esencial de la Universidad en la formación de grado. Si bien, es necesario reconocer que cada día resulta un poco más difícil y más compleja y requiere de mayor tiempo y concentración, en la formación del Hombre de Derecho. Sin embargo, el papel de la Universidad, para habilitar el ejercicio profesional, mediante la entrega del título, es la formación completa del Hombre de Derecho.-

En cuanto a la Especialización, que indudablemente, deberá constituir, otra fase de la formación del Abogado, debe comprender la siguiente etapa, post formación generalista, es decir una formación de Postgrado, que tenga una finalidad de profundización del estudio en determinadas áreas del derecho, sin excluir, los conocimientos necesarios de las otras ramas, a fin de evitar el conocimiento amputado o cercenado del Derecho y evitar llegar a la lapidaria calificación de Ortega y Gasset a los especialistas.-

Finalmente, se reconoce la necesidad de especialización, tanto del conocimiento científico, como del ejercicio de la abogacía, mediante previa formación generalista sólida.-

Publicaciones

2009-10-28T15:58:00.000-07:00

EL ESTADO DE DERECHO NACIONAL Y LA COMUNIDAD JURIDICA INTERNACIONAL

Al abordar esta materia, se podría pergeñar el esfuerzo intelectual desde distintos aspectos, pues, la misma engloba las actividades de todo el poder público, que afanosamente se reclama su institucionalización, como valla de contención a los abusos, extralimitaciones, personalismo u otros vicios que emergen de la política criolla y que tanto daño ha causado a la vida de la República.

Cuando los Convencionales Constituyentes de 1992, discutieron la futura Ley Suprema de la República, con gran ilusión depositaron su fe en el sistema republicano de gobierno, donde el gobierno sea ejercido “secundum legen” y en donde las garantías constitucionales sean respetadas por los Poderes del Estado, como un sistema de convivencia civilizada y armónica. Inspirados en dicha razón fundamental, crearon los tres órganos del Estado, llamados Poderes, cuyo funcionamiento es bajo un régimen de “separación, equilibrio” (Art. 3º); empero, el convencional Bernardino Cano Radil, en la Plenaria Nº 10, advertía sobre los riesgos que implicaba una promiscuidad en el ejercicio de las funciones de los Poderes del Estado en los siguientes términos: “Hay que rescatar el concepto de –independencia- . De ningún modo esta separación, estos controles o este equilibrio, evita que tenga que tener independencia cada uno de estos Poderes. Incluso sería bueno que llegue hasta el conflicto en la defensa de su independencia, porque es la mejor forma de asegurar que exista la República. Esta interdependencia o concepto de colaboración, que ahora se quiere utilizar, es peligroso. Sobre todo en los países con poca tradición democrática como los nuestros”(sic). Cuando se altera esta independencia, existe claramente una disfunción y como consecuencia tenemos que uno de los poderes controla a los demás, o a uno de ellos, como ha ocurrido últimamente, afectando a la existencia de una verdadera República, al convertir al Estado en prisionero de un poder dominante, lo que hace perder todo concepto de institucionalidad, pues, con ello lo que se garantiza es la impunidad a favor de un grupo, tal como lo presagiaba el citado constituyente.

En nuestros días, todo rudimento de institucionalidad ha sido volteado por la irracionalidad política, que se debate entre intereses sectarios, seudo partidarios, personales, conjugándose obsecuencia con ignorancia. Esta receta, enorme daño ha causado a la humanidad, sin embargo, hoy surgen, afortunadamente, nuevas voces en el escenario político nacional que se hacen eco por el clamor de la ciudadanía, de respetar la Constitución, para el buen funcionamiento de las instituciones.

También, se debe agregar, que el respeto al estado de derecho es un reclamo de la comunidad jurídica internacional, así pues, mediante tratados internacionales, se obliga a los Estados, independientemente del gobierno de turno, a respetar los derechos humanos, los reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas y en nuestro hemisferio por la Organización de los Estados Americanos (OEA), específicamente por sus órganos de aplicación la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica. Estos órganos se regulan por la Convención Americana de Derechos Humanos, conocido como “Pacto de San José” y los reglamentos en vigencia.

Se debe puntualizar que de América se recibe numerosas denuncias por violaciones de derechos humanos, en razón de que en el orden interno de cada país miembro, aun persiste una incapacidad institucional de aplicar la Constitución y la leyes de manera racional, las mayorías de las aplicaciones están plagadas de manipulaciones, desnaturalizaciones del derecho, perversiones y cuanto vicios acompañan al proceso de aplicación del derecho.

También, es importante señalar, que las decisiones tomadas por CIDH, bajo la forma de recomendación y las Sentencias, son de cumplimiento obligatorio, para los Estados partes, garantizado por la propia OEA y por la ONU. Tal es así, que la Convención de Viena, sobre el Derecho de los Tratados, el instrumento jurídico que obliga a los Estados, con respecto a las organizaciones regionales o cualquier sujeto de derecho internacional, al fiel cumplimiento de sus deberes jurídicos, sin importar su legislación interna; expresamente lo establece el Art. 27: “El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 46” . Es decir, categóricamente no se puede invocar la legislación interna para dejar de cumplir con el compromiso internacional.

En idéntico sentido se pronuncia el “Pacto de San José”, obligándose a respetar los Derechos humanos y al deber de adoptar las disposiciones del derecho interno (Art. 1 y 2 del Pacto).

Como breve conclusión se puede afirmar, que en nuestra actualidad los países no constituyen islas, existe una comunidad jurídica internacional que exige la vigencia del Estado de derecho, la institucionalidad y el respeto de los derechos humanos, y, cuya inobservancia acarreará severas sanciones al país violador.

Artículo a ser publicado en la Revista Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción.-

Entrevistas concedidas sobre inamovilidad de ministros de la Corte Suprema de Justicia

2009-03-07T11:54:00.000-08:00

El lunes 16 de febrero de 2009, la Corte Suprema de Justicia resolvió la inamovilidad de la Ministra Alicia Pucheta de Correa, basada en una resolución y un artículo de la Constitución Nacional, Radio Ñanduti realizó varias entrevistas sobre el caso, pidiendo opinión al respecto.

Nota del Lunes 16 de febrero de 2009

Nota del martes 17 de febrero de 2009

Nota del martes 24 de febrero de 2009

El siguiente texto fue extraído del Diario La Nación
Para leer desde la fuente, click --->AQUI

ANÁLISIS SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS MINISTROS DE LA MÁXIMA INSTANCIA JUDICIAL
Pedir ser confirmado en la Corte es como renunciar, advierte Ríos Ávalos
El ex miembro del más alto tribunal del país criticó a quienes recurren a alguna instancia para seguir en el cargo, porque se despojan de la “protección constitucional”.

El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, Bonifacio Ríos Ávalos, advirtió que los miembros actuales que recurren a instancia alguna para pedir su confirmación en el cargo, en realidad debilitan su posición, debido a que es una suerte de renuncia ante lo que la Constitución Nacional les garantiza: la inamovilidad hasta cumplir los 75 años de edad.

“Los ministros saben bien que es así, que si ellos solicitan, están renunciando tácitamente a esa protección constitucional”, afirmó el ex magistrado, quien ratificó su parecer de disidencia con la interpretación de que el mandato es de cinco años, tras lo cual debe definirse un eventual siguiente mandato, ya sea por decisión del Senado o reiniciándose todo el proceso en el Consejo de la Magistratura.

Entre los ministros actuales, algunos tienen presentadas acciones ante la Cámara de Senadores, otros ante el pleno de la misma Corte, y otros ante la Sala Constitucional del máximo tribunal.

Ríos Ávalos precisó que el criterio de la inamovilidad está respaldado en el Art. 261 de la Constitución, que dispone que “los ministros de la Corte Suprema de Justicia solo podrán ser removidos por juicio político. Cesarán en el cargo cumplida la edad de setenta y cinco años”.

Aseguró que todos, tanto los ministros como los senadores, obran con conocimiento de la situación, y atribuyó a estos últimos “la intención de los políticos de tener un magistrado en el bolsillo; es decir, la Justicia a la medida, con el objetivo bien claro: que el poder siga estando en sus manos y poder así negociar cualquier tipo de impunidad, en contra de los derechos de los ciudadanos”. “De acuerdo al Art. 224, inciso 4 de la Constitución, el Senado no tiene facultad para confirmar a los ministros de Corte, y realizarlo sería ilícito”, argumentó.

Indicó que “todos los egresados de Derecho de la Universidad Nacional como la de la Católica, incluyendo a los que actualmente ejercen la senaduría, saben muy bien que carecen de facultad para confirmar”. “No son minusválidos intelectuales, y además saben que la alteración del orden constitucional tipificado en el Código Penal, califica como delito, con 5 años de penitenciaría, para los funcionarios que alteran el orden constitucional, pero en voz baja siempre reconocen que no tienen facultades, pero es la forma de conservar el poder”, recalcó.

Junto con otros cinco ministros, Ríos Ávalos había sido sometido a juicio político a inicios del 2004, a iniciativa del entonces recién asumido presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, en acuerdo con sectores de oposición, muchos de los cuales están ahora en función de Gobierno.

“No cambió nada. (…) los políticos solo cambian de hombres, pero el procedimiento no cambió nada ni va a cambiar, porque ellos están celosos por tener magistrados a su favor”, apuntó.

Seis miembros ya accionaron

Actualmente, al menos seis de los ocho miembros de la Corte recurrieron ante algún órgano en su intención de mantenerse en el cargo. Antonio Fretes, a quien el Senado le había negado su confirmación, logra permanecer en virtud a una acción de inconstitucionalidad; la misma medida pretenden Víctor Núñez, Alicia Pucheta de Correa y Raúl Torres Kirmser –los dos primeros ante el pleno y el tercero ante la Sala Constitucional de la Corte–.

Por su parte, ante el Senado ya fue presentado el pedido de confirmación de Sindulfo Blanco y Miguel Óscar Bajac.

En tanto, José Altamirano comunicó al Congreso que pondrá su cargo a disposición. El único en no hacer presentación alguna es César Garay Zuccolillo.

El siguiente texto fue extraído de Paraguay al Instante
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El Poder Judicial está sometido a una injerencia política por culpa de Nicanor
El ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Bonifacio Ríos Avalos, señaló que el Poder Judicial está sometido a la injerencia política, porque el ex presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, alineó como vela a los políticos en el 2003.

En ese sentido, Ríos Avalos explicó que los 6 ministros de la máxima instancia judicial plantearon su inamovilidad, porque existe mucha presión política. "Existe una lucha constante entre los políticos y el Poder Judicial desde el mandato de Duarte Frutos", sostuvo el magistrado. Del mismo modo, afirmó que los jueces tienen el derecho constitucional a permanecer en el cargo hasta los 75 años y que la única vía de remoción es el juicio político.

Indicó que la forma de cambiar esta situación es realizando una reforma constitucional y fijar un plazo único para el mandato.

Notas concedidas a la 970 AM en el programa "El Blog de Astrea"

Debate con el Senador Marcial González Safstrand

El siguiente texto fue extraído del diario ABC

CONFLICTO EN EL SENADO NO TIENE VISOS DE SOLUCION HASTA EL MOMENTO
Mayoría puede convocar al Senado, según jurista

En la actualidad casi todas las Constituciones han incorporado la posibilidad de que una mayoría convoque a sesión de cualquiera de las cámaras del Congreso y es un “mecanismo de defensa de la misma democracia”, dijo ayer Bonifacio Ríos Avalos. El mismo consideró inválido el juramento de Nicanor.

El ex presidente de la Corte Suprema de Justicia sostuvo que “la autoconvocatoria del Parlamento en cualquiera de sus cámaras ya se ha incorporado en casi todas las Constituciones”, lo que “significa que una mayoría puede convocar a los órganos a sesionar”. “Es un mecanismo de defensa de la misma democracia”, enfatizó.

Agregó que “esta mayoría puede llevar adelante el funcionamiento institucional de una Cámara”.

En el Senado el jueves último, a raíz de la crisis desatada por el interés del ex presidente Duarte Frutos de jurar como senador activo, una mayoría integrada por aliancistas, castiglionistas y patriaqueridistas hicieron sesionar al cuerpo legislativo que tomó varias decisiones, como la aprobación de proyectos de leyes. Esto ante el retiro de los colorados nicanoristas y oviedistas que se alinearon en apoyo a la senaduría activa de Duarte Frutos.

Ríos Avalos también sostuvo que el acto de juramento del ex mandatario, realizado el martes ante el presidente del Senado, el oviedista Enrique González Quintana, es ilegal. “Aunque la Constitución no dijera expresamente, el principio es que en un cuerpo colegiado el primus inter pares (primero entre iguales) es simplemente un organizador administrativo del cuerpo, y en consecución el presidente no es el Senado, no es el cuerpo”, expresó. “Pero además de este principio, la Constitución expresamente establece por vía normativa que debe hacerse ante el pleno (el juramento), por tanto el acto del juramento (de Nicanor) es claramente inválido”, adujo el ex magistrado judicial.

Ríos Avalos indicó que cuando se refiere al Senado se está hablando del cuerpo, del quórum legal establecido, y no de la presidencia del órgano.

La Carta Magna, en su artículo 188 del “Juramento o Promesa”, dice: “Ninguna de las cámaras podrá sesionar, deliberar o adoptar decisiones sin la presencia de la mayoría absoluta. Un número menor podrá, sin embargo, compeler a los miembros ausentes a concurrir a las sesiones en los términos que establezca cada Cámara”. Finalmente, Ríos Avalos hizo notar que todo el embrollo generado en el Congreso es por culpa de Duarte Frutos, quien se candidató al Senado siendo presidente de la República, violando la Constitución, según sus expresiones.

Nota concedida el dia lunes 16 de marzo a Radio Ñanduti, en el programa Ocurrio, Ocurre y Aqui Està